Los recargos del periodo ejecutivo en la responsabilidad civil por delito fiscal
- Asesoría
- 21 ago
- 17 min de lectura
Cuando una inspección tributaria aprecia indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública, podría pensarse que la Administración debe detenerse y esperar a que los tribunales penales determinen si existe delito y cuál es la cantidad defraudada.
Sin embargo, nuestro ordenamiento permite en determinados supuestos algo diferente.
La Administración tributaria puede practicar una liquidación vinculada a delito (LVD) y continuar las actuaciones dirigidas al cobro de la deuda sin necesidad de esperar a que exista una sentencia penal firme.
Esto plantea una cuestión especialmente interesante:
¿qué sucede si esa deuda entra en período ejecutivo y se devengan los correspondientes recargos de apremio?
Y, sobre todo:
si finalmente existe una condena por delito fiscal, ¿forman esos recargos parte de la responsabilidad civil derivada del delito?
La respuesta exige diferenciar dos planos que conviven durante el procedimiento: el tributario-recaudatorio y el penal.
Porque que la Administración pueda exigir determinados recargos durante el procedimiento de recaudación no significa necesariamente que esos mismos importes constituyan el daño económico causado por el delito.
¿Qué es una liquidación vinculada a delito?
La denominada liquidación vinculada a delito (LVD) fue introducida para permitir que, cuando la Administración tributaria aprecia indicios de delito contra la Hacienda Pública, la existencia del procedimiento penal no impida necesariamente liquidar y recaudar la deuda.
Con carácter general, cuando la Administración aprecia indicios de delito fiscal puede diferenciarse entre:
los conceptos o cuantías vinculados al posible delito;
y aquellos otros que no se encuentren vinculados al mismo.
Respecto de los primeros, la Ley General Tributaria permite, cuando concurren los requisitos establecidos legalmente, practicar una liquidación vinculada a delito.
La peculiaridad es evidente.
Existe una liquidación administrativa y puede iniciarse su recaudación antes de que el juez penal haya determinado definitivamente la existencia del delito y la cuota defraudada.
La Administración no tiene necesariamente que esperar a la sentencia
Este es uno de los principales efectos prácticos de la LVD.
La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción penal no paraliza automáticamente las actuaciones recaudatorias correspondientes a la liquidación practicada.
La Administración dispone así de un título administrativo que puede permitirle iniciar actuaciones de cobro.
Por tanto, puede producirse una situación aparentemente paradójica:
la Administración está recaudando una deuda relacionada con un presunto delito fiscal antes de que exista una sentencia penal firme que declare la comisión del delito.
El sistema pretende evitar que la duración del procedimiento penal impida o dificulte la recaudación.
Pero también provoca importantes problemas de coordinación entre el Derecho tributario y el Derecho penal.
Uno de ellos aparece precisamente con los recargos del período ejecutivo.
¿Qué son los recargos del período ejecutivo?
Cuando una deuda tributaria no se satisface dentro del período voluntario de pago puede iniciarse el período ejecutivo.
El artículo 28 de la Ley General Tributaria contempla tres recargos, incompatibles entre sí:
Situación | Recargo |
Pago antes de notificarse la providencia de apremio | 5 % |
Pago después de la providencia pero dentro del plazo legal establecido | 10 % |
Resto de supuestos | 20 % |
El recargo del 5 % recibe la denominación de recargo ejecutivo.
El del 10 % es el recargo de apremio reducido.
Y el del 20 % constituye el recargo de apremio ordinario.
Su nacimiento no depende de la conducta que originó inicialmente la deuda tributaria.
Depende de otro acontecimiento posterior:
que la deuda no sea satisfecha en período voluntario.
Esta diferencia temporal y causal resulta fundamental para entender el problema.
Una cosa es defraudar y otra no pagar posteriormente la liquidación
Imaginemos que una conducta correspondiente a un determinado ejercicio provoca una cuota tributaria presuntamente defraudada de:
200.000 euros.
Posteriormente la Administración practica una liquidación vinculada a delito por ese importe.
La deuda no se paga en período voluntario y entra en período ejecutivo.
Si finalmente resulta aplicable un recargo de apremio ordinario del 20 %, aparecerían:
40.000 euros adicionales.
La Administración podría encontrarse reclamando:
200.000 € + 40.000 € = 240.000 euros, además de los restantes conceptos que pudieran resultar procedentes.
Pero desde el punto de vista penal surge inmediatamente una pregunta:
¿los 40.000 euros forman parte del perjuicio causado por el delito fiscal?
Aquí se encuentra el núcleo de la controversia.
La responsabilidad civil derivada del delito fiscal
El artículo 305 del Código Penal regula el delito contra la Hacienda Pública.
Cuando existe condena, además de las correspondientes consecuencias penales, debe repararse el perjuicio económico ocasionado a la Hacienda Pública.
La responsabilidad civil derivada del delito está, por tanto, vinculada al daño provocado por la conducta delictiva.
Y esto obliga a preguntarse qué conceptos integran realmente ese daño.
La cuota defraudada presenta una conexión directa con el delito.
Pero los recargos del período ejecutivo tienen un origen diferente.
No nacen de la conducta mediante la que se cometió la defraudación.
Nacen posteriormente porque una liquidación administrativa no fue pagada dentro del período voluntario establecido para ello.
El problema: ¿puede un recargo posterior formar parte del daño causado por el delito?
Aquí aparece la principal dificultad conceptual.
Cuando se comete el presunto delito fiscal, los recargos del período ejecutivo todavía no existen.
Ni siquiera se han devengado.
Para que aparezcan posteriormente tienen que producirse una serie de acontecimientos:
La Administración aprecia indicios de delito.
Se practica una liquidación vinculada a delito.
Se abre el correspondiente período de pago.
El obligado no satisface la deuda en período voluntario.
Se inicia el período ejecutivo.
Es entonces cuando aparecen los recargos.
Por tanto, el hecho que provoca el recargo no coincide con el hecho que provocó el perjuicio derivado del delito fiscal.
Dos planos diferentes: deuda tributaria y responsabilidad civil
Esta distinción es fundamental.
Durante la fase administrativa puede existir una deuda tributaria susceptible de recaudación.
Pero una vez dictada sentencia penal, debe determinarse la responsabilidad civil derivada del delito.
No necesariamente todos los conceptos exigibles administrativamente tienen que formar parte de esa responsabilidad civil.
El hecho de que la Administración disponga legalmente de mecanismos para cobrar anticipadamente la LVD no convierte automáticamente todos los conceptos generados durante la recaudación en perjuicio causado por el delito.
Podemos resumirlo así:
Plano tributario | Plano penal |
Existe una LVD | Existe una eventual cuota defraudada |
Puede abrirse el período ejecutivo | Debe determinarse el perjuicio causado |
Pueden devengarse recargos | Se fija la responsabilidad civil |
El recargo nace por falta de pago | La responsabilidad deriva del delito |
El origen jurídico de unos y otros conceptos es diferente.
¿Por qué los recargos no deberían integrar la responsabilidad civil?
La razón principal está en su origen temporal y causal.
La responsabilidad civil pretende reparar el daño ocasionado por el delito.
El recargo ejecutivo, sin embargo, responde a una conducta posterior:
no haber satisfecho una deuda dentro del período voluntario de pago.
Por tanto, resulta difícil considerar ese recargo como parte del perjuicio provocado por una conducta delictiva anterior.
Dicho de otro modo:
el delito puede explicar la existencia de la cuota defraudada, pero no explica por sí mismo la existencia del recargo ejecutivo.
Para que este último aparezca debe producirse una nueva circunstancia posterior: el impago de la liquidación dentro del plazo correspondiente.
¿Significa esto que la Administración no puede exigir los recargos?
No necesariamente.
Aquí es importante no confundir dos afirmaciones.
Una cosa es discutir si los recargos del período ejecutivo pueden formar parte de la responsabilidad civil derivada del delito.
Y otra distinta determinar si, mientras existe una LVD susceptible de recaudación administrativa, la Administración puede aplicar las reglas generales del período ejecutivo.
La legislación permite que la LVD produzca efectos recaudatorios y, consecuentemente, que pueda entrar en período ejecutivo.
Por ello pueden aparecer recargos durante esa fase administrativa.
El verdadero problema surge posteriormente:
¿qué ocurre con esos recargos cuando el proceso penal termina y la sentencia determina definitivamente la responsabilidad derivada del delito?
La liquidación administrativa debe ajustarse al resultado del proceso penal
La liquidación vinculada a delito tiene una particularidad esencial:
se dicta mientras todavía se encuentra pendiente la decisión de la jurisdicción penal.
Por ello, el resultado final del procedimiento penal puede obligar a adaptar la liquidación administrativa.
No tendría sentido que la Administración pudiera consolidar definitivamente, mediante la LVD, una cuantía incompatible con lo que posteriormente determine el órgano judicial penal.
Esto afecta especialmente a los recargos.
Si la sentencia penal determina el importe de la responsabilidad civil derivada del delito y los recargos ejecutivos no forman parte del perjuicio ocasionado por aquel, surge la necesidad de coordinar ambos resultados.
¿Qué ocurre si el recargo ya se ha pagado?
Esta es probablemente una de las situaciones más delicadas.
Supongamos que:
Cuota incluida en la LVD: 200.000 €
Recargo de apremio ordinario: 40.000 €
El contribuyente paga durante el procedimiento:
240.000 euros.
Posteriormente, la sentencia penal fija el perjuicio derivado del delito sin incorporar esos 40.000 euros como responsabilidad civil.
Aparece entonces una cuestión inevitable:
¿qué sucede con el recargo que ya había sido cobrado administrativamente?
Si ese importe no puede integrarse en la responsabilidad civil determinada judicialmente, deberá analizarse la adecuación de los actos administrativos que permitieron su cobro y, en su caso, las consecuencias restitutorias que procedan.
La LVD no debería permitir consolidar definitivamente una cantidad que resulte incompatible con lo establecido posteriormente por la jurisdicción penal.
Los recargos y la atenuante por regularización
La cuestión puede tener además otra consecuencia relevante en el proceso penal.
El artículo 305.6 del Código Penal contempla una reducción de la pena cuando, concurriendo los requisitos legales, el obligado satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente los hechos dentro del plazo establecido.
Surge entonces otra pregunta:
para acceder a esa reducción, ¿debe satisfacerse también el recargo ejecutivo generado por la LVD?
Si se entendiera que esos recargos forman parte de la cantidad cuya satisfacción resulta necesaria para obtener el beneficio penal, una figura nacida exclusivamente en el procedimiento administrativo podría terminar condicionando una consecuencia estrictamente penal.
Y nuevamente aparece el mismo problema:
el recargo no existía cuando se cometió el delito y su nacimiento depende de una conducta posterior vinculada al procedimiento recaudatorio.
Por ello, la delimitación exacta de qué debe entenderse por deuda tributaria en este contexto adquiere especial importancia.
No debemos confundir recargos con intereses
Existe además otro concepto que conviene diferenciar.
Los intereses pueden cumplir una función esencialmente compensatoria: resarcir a la Hacienda Pública por el tiempo durante el cual no pudo disponer de una cantidad que debía haber recibido.
Los recargos del período ejecutivo, en cambio, responden específicamente a la falta de pago dentro del procedimiento recaudatorio.
Por ello, aunque ambos conceptos puedan añadirse económicamente a una deuda, su naturaleza y fundamento no son necesariamente iguales.
Esta diferencia es relevante cuando se pretende determinar qué conceptos guardan una verdadera relación con el perjuicio económico derivado del delito.
El problema de fondo: hacer convivir dos sistemas diferentes
La cuestión de los recargos revela una dificultad más profunda de la liquidación vinculada a delito.
La LVD pretende hacer compatibles dos lógicas jurídicas diferentes.
Por una parte:
la lógica administrativa, que permite liquidar, recaudar, iniciar el período ejecutivo y aplicar recargos.
Por otra:
la lógica penal, en la que corresponde al órgano judicial determinar la existencia del delito y las consecuencias económicas derivadas de este.
Mientras ambas cuantías coincidan, la convivencia puede resultar relativamente sencilla.
El problema aparece cuando el procedimiento administrativo genera conceptos económicos que no derivan directamente del delito que posteriormente debe juzgarse.
Los recargos del período ejecutivo constituyen uno de los ejemplos más claros.
Ejemplo completo
Imaginemos el siguiente supuesto simplificado.
Una inspección considera que existe una cuota presuntamente defraudada de:
300.000 euros.
Se practica una LVD por ese importe.
El obligado no paga en período voluntario y termina resultando aplicable el recargo de apremio ordinario del 20 %:
60.000 euros.
Administrativamente podrían exigirse:
Concepto | Importe |
Cuota incluida en LVD | 300.000 € |
Recargo 20 % | 60.000 € |
Total | 360.000 € |
Pero imaginemos que posteriormente la jurisdicción penal fija el perjuicio correspondiente al delito en 300.000 euros, sin considerar los 60.000 euros como responsabilidad civil.
La diferencia permite visualizar perfectamente el problema.
Los primeros 300.000 euros están relacionados con la conducta defraudatoria.
Los otros 60.000 euros aparecen porque posteriormente no se pagó la LVD en período voluntario.
No responden al mismo hecho.
¿Qué debería tener en cuenta un contribuyente ante una LVD?
La existencia de un procedimiento penal no significa que pueda ignorarse la liquidación vinculada a delito.
Precisamente porque la LVD puede producir efectos recaudatorios antes de que exista sentencia, resulta necesario analizar desde el primer momento:
la cuantía liquidada;
los plazos de pago;
el inicio del período ejecutivo;
los posibles recargos;
las medidas cautelares o ejecutivas adoptadas;
la coordinación con la estrategia procesal penal;
y los efectos que los pagos realizados puedan tener sobre las consecuencias penales.
En estos procedimientos, la estrategia tributaria y la defensa penal no deberían desarrollarse separadamente.
Una decisión adoptada durante la fase recaudatoria puede tener consecuencias posteriores dentro del proceso penal.
Una precisión necesaria: no existe una regla legal que identifique recargos y responsabilidad civil
Llegados a este punto conviene realizar una precisión.
La conclusión de que los recargos del período ejecutivo generados durante la recaudación de una liquidación vinculada a delito no deben incorporarse a la responsabilidad civil derivada del delito fiscal no debería presentarse como si la Ley General Tributaria o el Código Penal contuvieran una disposición que lo estableciera literalmente para todos los supuestos.
La conclusión se obtiene de una interpretación conjunta de la normativa tributaria, recaudatoria y penal, atendiendo especialmente a la diferente naturaleza y origen de cada concepto.
La cuota defraudada está directamente vinculada a la conducta que constituye el delito contra la Hacienda Pública.
Los recargos del período ejecutivo, por el contrario, nacen posteriormente y como consecuencia de otro hecho diferente: que una deuda ya liquidada no sea satisfecha dentro del correspondiente período voluntario de pago.
Existe, por tanto, una diferencia temporal y causal relevante.
Cuando se realiza la conducta presuntamente delictiva, el recargo ejecutivo todavía no existe. Su nacimiento requiere que posteriormente se practique la liquidación, se abra el período voluntario de pago y este transcurra sin que se produzca el ingreso.
Precisamente por ello existen sólidos argumentos para considerar que dichos recargos no representan una reparación del perjuicio ocasionado por el delito, sino una consecuencia propia del posterior procedimiento administrativo de recaudación.
Una previsión reglamentaria que refuerza esta conclusión
Esta interpretación encuentra además un importante apoyo en el artículo 128 del Reglamento General de Recaudación.
Cuando la responsabilidad civil derivada del delito y la pena de multa se incorporan al procedimiento administrativo de apremio para proceder a su cobro, el Reglamento establece expresamente que:
el importe de esas deudas no puede incrementarse con los recargos del período ejecutivo.
Esta previsión resulta especialmente significativa.
El hecho de que la Administración tributaria utilice sus propios mecanismos de apremio para ejecutar una responsabilidad determinada en el ámbito penal no transforma esa responsabilidad civil en una deuda susceptible de generar los recargos ordinarios del artículo 28 LGT.
Debe distinguirse, por tanto, entre dos momentos diferentes:
Durante la recaudación administrativa de la LVD, pueden producirse las consecuencias propias del período ejecutivo mientras esa liquidación despliega sus efectos.
Cuando hablamos de responsabilidad civil derivada del delito, nos encontramos ante una consecuencia fijada en el ámbito penal cuya ejecución puede encomendarse a la Administración tributaria, pero que no por ello incorpora automáticamente los recargos administrativos del período ejecutivo.
Esta distinción ayuda a comprender la cuestión fundamental:
Que un recargo pueda haberse devengado durante la recaudación administrativa de una liquidación vinculada a delito no significa, por sí solo, que ese recargo pase a formar parte del perjuicio causado por el delito fiscal.
La posibilidad administrativa de exigirlo y su eventual integración en la responsabilidad civil son cuestiones jurídicas diferentes.
El marco normativo: cómo encajan la LGT y el Código Penal
Para comprender el problema de los recargos resulta útil observar conjuntamente la Ley General Tributaria y el Código Penal.
No es necesario realizar un análisis exhaustivo de cada precepto. Basta con identificar la función que desempeñan dentro del sistema.
Artículo 28 LGT: los recargos del período ejecutivo
El punto de partida es el artículo 28 de la Ley General Tributaria.
Este precepto regula los recargos que pueden exigirse cuando una deuda entra en período ejecutivo:
recargo ejecutivo del 5 %;
recargo de apremio reducido del 10 %;
recargo de apremio ordinario del 20 %.
Son incompatibles entre sí y su aplicación depende del momento en que se produzca el pago.
Lo importante para nuestro análisis es que estos recargos nacen como consecuencia del impago de una deuda en período voluntario, no como consecuencia directa de la conducta que originó inicialmente la obligación tributaria.
Artículos 250 a 259 LGT: la liquidación vinculada a delito
El Título VI de la LGT regula específicamente las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos cuando existen indicios de delito contra la Hacienda Pública.
El artículo 250 LGT establece como regla general que la apreciación de indicios de delito no impide que la Administración continúe el procedimiento y practique separadamente una liquidación respecto de los elementos vinculados al posible delito.
El artículo 251 establece las excepciones en las que la Administración debe abstenerse de practicar esa liquidación.
El artículo 252 regula los efectos de la regularización voluntaria.
El artículo 253 establece el procedimiento para practicar la denominada liquidación vinculada a delito.
El artículo 254 presenta una especial importancia: la LVD no puede discutirse mediante los recursos administrativos ordinarios en cuanto a los elementos vinculados al delito y será finalmente el juez penal quien determine en sentencia la cuota defraudada, debiendo ajustarse posteriormente la liquidación administrativa a lo decidido judicialmente.
Artículo 255 LGT: el proceso penal no paraliza necesariamente el cobro
Este precepto explica por qué puede surgir el problema de los recargos.
La existencia de un procedimiento penal no paraliza las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda liquidada, salvo que el juez acuerde la suspensión de la ejecución.
Una vez admitida la denuncia o querella, la Administración puede notificar al obligado el inicio del período voluntario de pago.
Por tanto, la LVD puede entrar posteriormente en período ejecutivo y quedar sometida a las reglas generales de recaudación.
Aquí aparece la posibilidad de que se generen los recargos del artículo 28 LGT mientras el procedimiento penal todavía se encuentra pendiente de resolución.
Artículos 256 a 259 LGT: recaudación, sentencia y responsabilidades
El artículo 256 regula las causas de oposición frente a determinadas actuaciones recaudatorias.
Especialmente importante es el artículo 257, porque establece que la liquidación administrativa debe finalmente ajustarse a lo que determine el proceso penal respecto de la existencia y cuantía de la defraudación.
La Administración puede, por tanto, comenzar a recaudar antes de que exista sentencia, pero la decisión penal condicionará finalmente la liquidación vinculada a delito. La propia LGT contempla, al regular ese ajuste, las consecuencias correspondientes respecto de intereses y recargos.
El artículo 258 regula determinadas responsabilidades solidarias relacionadas con la deuda tributaria liquidada vinculada al delito.
Finalmente, el artículo 259 introduce especialidades para la deuda aduanera.
El conjunto de estos artículos permite entender la peculiaridad del sistema:
La Administración puede liquidar y recaudar anticipadamente, pero la determinación penal de la existencia y cuantía de la defraudación condiciona el resultado definitivo.
Artículo 305.5 del Código Penal: liquidar y cobrar sin esperar a la sentencia
El artículo 305.5 del Código Penal constituye la otra cara del sistema.
Permite que la Administración diferencie entre las cantidades vinculadas y no vinculadas al posible delito y establece expresamente que la existencia del procedimiento penal no paraliza la acción de cobro de la deuda tributaria, salvo que judicialmente se acuerde la suspensión.
Existe, por tanto, una clara correspondencia entre el artículo 305.5 CP y los artículos 250 y siguientes de la LGT.
Artículo 305.6 CP: pago de la deuda y reducción de la pena
El apartado 6 introduce una consecuencia estrictamente penal.
Permite al juez o tribunal imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando, concurriendo los restantes requisitos legales, el obligado tributario satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente los hechos dentro del plazo de dos meses desde su citación judicial en los términos establecidos por el precepto.
Esta referencia a la satisfacción de la «deuda tributaria» hace especialmente relevante delimitar qué cantidades deben considerarse comprendidas en ella a estos efectos.
Precisamente aquí adquiere importancia distinguir entre la cuota e intereses relacionados con la defraudación y unos recargos que han podido aparecer posteriormente como consecuencia del procedimiento administrativo de cobro.
Artículo 305.7 CP: responsabilidad civil e intereses
El apartado 7 ofrece otro argumento particularmente relevante.
Al regular la ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito fiscal, el Código Penal establece que esta comprenderá la deuda tributaria que la Administración no hubiera podido liquidar por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora.
La referencia expresa a los intereses de demora resulta significativa porque el precepto no realiza una inclusión equivalente de los recargos del período ejecutivo.
Por sí sola, esta ausencia no permite afirmar automáticamente que exista una exclusión legal expresa de los recargos.
Pero sí constituye un elemento interpretativo que debe ponerse en relación con su distinta naturaleza y, especialmente, con el artículo 128 del Reglamento General de Recaudación.
Artículo 128 del Reglamento General de Recaudación: una pieza especialmente reveladora
El marco se completa con una previsión muy significativa.
Cuando la Administración tributaria auxilia al órgano judicial en la ejecución de la responsabilidad civil y de la pena de multa mediante el procedimiento administrativo de apremio, el artículo 128 del Reglamento General de Recaudación establece que:
el importe de esas deudas no podrá incrementarse con los recargos del período ejecutivo.
La utilización del procedimiento administrativo de apremio no significa, por tanto, que todas las consecuencias propias de una deuda tributaria ordinaria sean trasladables a la responsabilidad civil penal.
El sistema puede resumirse así
Norma | Función |
Art. 28 LGT | Regula los recargos del período ejecutivo |
Arts. 250-253 LGT | Permiten y regulan la LVD |
Art. 254 LGT | Reserva al juez penal la determinación definitiva de la cuota defraudada |
Art. 255 LGT | Permite continuar la recaudación pese al proceso penal |
Art. 257 LGT | Obliga a ajustar la liquidación al resultado penal |
Art. 258 LGT | Regula determinados responsables |
Art. 259 LGT | Especialidades en materia aduanera |
Art. 305.5 CP | Permite liquidar y cobrar sin esperar a la sentencia |
Art. 305.6 CP | Regula la posible reducción de pena vinculada, entre otros requisitos, al pago |
Art. 305.7 CP | Regula la ejecución de multa y responsabilidad civil e incluye los intereses de demora |
Art. 128 RGR | Impide incrementar responsabilidad civil y multa con recargos del período ejecutivo |
La lectura conjunta de estos preceptos permite entender mejor la controversia.
El ordenamiento admite que una LVD genere consecuencias recaudatorias antes de existir sentencia penal, pero eso no significa que todas esas consecuencias administrativas se conviertan posteriormente en responsabilidad civil derivada del delito.
La cuota defraudada, los intereses de demora y los recargos del período ejecutivo deben analizarse atendiendo a su propia naturaleza, fundamento y momento de nacimiento.
Conclusión
La liquidación vinculada a delito permite a la Administración tributaria anticipar la liquidación y recaudación de determinadas cantidades sin necesidad de esperar a la sentencia penal.
Y esa posibilidad implica que la deuda pueda entrar en período ejecutivo y generar los correspondientes recargos.
Pero de ello no se desprende necesariamente que esos recargos formen parte de la responsabilidad civil derivada del delito fiscal.
La razón es fundamental:
la cuota defraudada y el recargo ejecutivo responden a hechos diferentes.
La primera guarda relación directa con la conducta presuntamente delictiva.
El segundo nace posteriormente como consecuencia del impago de una liquidación administrativa dentro del período voluntario.
Por ello, aunque los recargos puedan aparecer y ser exigidos dentro del procedimiento administrativo de recaudación de una LVD, existen sólidos argumentos para considerar que no pueden incorporarse automáticamente al perjuicio que debe repararse mediante la responsabilidad civil derivada del delito.
La cuestión pone de manifiesto una de las principales tensiones creadas por la liquidación vinculada a delito:
la Administración puede comenzar a cobrar antes de que el juez penal haya terminado de decidir qué cantidad deriva realmente del delito.
Y cuando durante ese intervalo aparecen recargos administrativos, resulta imprescindible diferenciar qué pertenece al ámbito de la recaudación tributaria y qué constituye verdaderamente reparación del daño causado por el delito.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es una liquidación vinculada a delito?
Es una liquidación tributaria que puede practicar la Administración respecto de elementos relacionados con un posible delito contra la Hacienda Pública, permitiendo su recaudación sin esperar necesariamente a la sentencia penal.
2. ¿Puede cobrarse una LVD antes de existir sentencia penal?
Sí. Una de las características fundamentales del sistema es precisamente que permite desarrollar actuaciones recaudatorias antes de que exista sentencia firme.
3. ¿Puede entrar la LVD en período ejecutivo?
Sí, conforme a las reglas establecidas en la normativa tributaria.
4. ¿Qué recargos pueden aparecer?
El artículo 28 LGT establece el recargo ejecutivo del 5 %, el recargo de apremio reducido del 10 % y el recargo de apremio ordinario del 20 %, dependiendo del momento y circunstancias del pago.
5. ¿Los tres recargos pueden acumularse?
No. Son incompatibles entre sí.
6. ¿El recargo ejecutivo forma parte necesariamente de la responsabilidad civil por delito fiscal?
No debería identificarse automáticamente con ella. El recargo nace por un hecho posterior —la falta de pago de la liquidación en período voluntario— y no por la conducta que originó el delito fiscal.
7. ¿Por qué es importante distinguir entre cuota y recargo?
Porque tienen causas diferentes. La cuota está vinculada a la obligación tributaria presuntamente defraudada; el recargo aparece posteriormente como consecuencia del procedimiento recaudatorio.
8. ¿Qué ocurre si la sentencia penal fija una cantidad distinta de la LVD?
La normativa prevé mecanismos de adaptación de la liquidación administrativa al resultado del procedimiento penal. Debe prevalecer la decisión judicial en aquello que corresponda a la determinación penal de los hechos y sus consecuencias.
9. ¿Qué ocurre si ya se había pagado un recargo?
Habrá que analizar la compatibilidad de ese cobro con el contenido de la sentencia y, en su caso, las consecuencias administrativas y restitutorias que correspondan.
10. ¿Recargos e intereses de demora son lo mismo?
No. Son conceptos diferentes y responden a fundamentos jurídicos distintos.
11. ¿Puede influir el pago en la reducción de la pena?
Sí. El artículo 305.6 del Código Penal contempla determinados efectos favorables cuando se cumplen los requisitos legalmente establecidos. Precisamente por ello resulta especialmente relevante determinar qué cantidades deben satisfacerse a estos efectos.
12. ¿Puede ignorarse una LVD porque todavía no exista condena penal?
No. La liquidación puede producir efectos recaudatorios antes de la sentencia, por lo que los plazos y actuaciones administrativas deben ser atendidos y coordinados con la defensa penal.
13. ¿Cuál es la cuestión fundamental planteada por los recargos?
Determinar hasta dónde pueden proyectarse sobre el proceso penal unas cantidades que nacen de actuaciones administrativas posteriores a la presunta comisión del delito.
14. ¿Cuál es la principal conclusión práctica?
Que en procedimientos por delito fiscal debe analizarse conjuntamente la vertiente tributaria, recaudatoria y penal, especialmente cuando existe una liquidación vinculada a delito que comienza a producir efectos antes de la sentencia.
¿Puede la responsabilidad civil fijada por el juez generar después un recargo de apremio del 20 %?
Puede utilizarse el procedimiento administrativo de apremio para su ejecución, pero el Reglamento establece expresamente que la responsabilidad civil y la multa no se incrementan con los recargos del período ejecutivo.
Comentarios